Perú decretó estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno, autorizando a los militares a intervenir junto a la Policía para resguardar el orden público en medio de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan 42 muertos en cinco semanas.

Además, suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales.

La decisión gubernamental se produce cuando se anuncian movilizaciones desde el sur de Perú hacia la capital peruana a partir de hoy, en un intento de desestabilizar a Boluarte.

El sábado hubo más de 100 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes, mientras el aeropuerto de Cusco reanudaba operaciones. Los bloqueos afectaron 11 regiones de los Andes y la Amazonía, especialmente en el sur, cerca a las fronteras con Bolivia y Chile.

Boluarte se dirigió al país tras la renuncia y reemplazo de los ministros del Interior, Trabajo y Mujer.

La presidenta instó al Congreso a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024 y pidió perdón por las muertes provocadas por la crisis. “Pido perdón por esta situación y por lo que se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos”. Pero indicó que no renunciará.

Las regiones del sur andino, de las más marginadas en Perú, están sumidas en una incesante convulsión social que ha dejado al menos 42 muertos desde inicios de diciembre, según líderes civiles y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Pero en Cusco, meca del turismo internacional, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días por seguridad.

Con la medida, el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta siete millones de soles diarios (1,7 millones de dólares) por la crisis.

Antecedentes
Dieciocho personas más murieron en otro enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, según las autoridades. Con ellos, al menos 47 personas perdieron la vida en las calles desde que el expresidente Pedro Castillo intentó dar un autogolpe de Estado, por lo cual fue destituido y detenido. Ese día comenzaron unas protestas por todo el país que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente. Boluarte es blanco de críticas por la violenta represión con las que ha intentado acabar con las protestas.

Las muertes más recientes se produjeron en la ciudad de Juliaca, cerca de la frontera con Bolivia. Aunque el ministro del Interior, Víctor Rojas, dijo que las protestas iniciaron de forma pacífica, los manifestantes y grupos de derechos humanos acusaron a la Policía como responsables de la mayoría de los fallecimientos, por el uso de la fuerza letal de forma indiscriminada contra civiles, después de que algunos protestantes intentaran tomar el control del aeropuerto.

En la región de Puno unas 18 personas murieron, entre ellos un policía.

“Él estaba con la ropa uniformada, como todos los médicos, para que sean reconocidos y no los ataquen”, dijo Milagros Samillan, de 27 años, hermana de un residente médico asesinado en las protestas, un aspirante a neurocirujano llamado Marco Samillan, de 31 años. “Pero aun así la policía los ha atacado a matar”.

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, responsabilizó de las muertes del lunes al “uso indiscriminado de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. “Lo que ocurrió ayer realmente fue una masacre”, comentó. “Fueron asesinatos extrajudiciales”.

En Cusco, un grupo de 300 manifestantes quemó un autobús que servía para transportar agentes de la Policía. En Tacna, otro grupo de manifestantes incendió las cabinas del peaje, según informaron fuentes oficiales. En el departamento amazónico de Madre de Dios, un grupo de manifestantes retuvo una ambulancia que trasladaba a tres pacientes, entre ellos una mujer embarazada. En la región de Ayacucho se cumple el tercer día de paro convocado por organizaciones sociales contra el Gobierno de Boluarte. 

La Defensoría del Pueblo de Perú solicitó a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y a la Fiscalía de Perú, a realizar una investigación que permita esclarecer los hechos.

“Salen en protesta de qué, no se entiende qué están pidiendo (…) Lo que ustedes están pidiendo es pretexto para seguir generando el caos”, dijo la presidente Dina Boluarte. Esta semana, se conoció que la Fiscalía de Perú investiga a la mandataria por la muerte de 28 personas de las 47 fallecidas en las protestas. 

“Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones, y ya lo propusimos”, dijo Boluarte. “En paz y orden todo se puede lograr, en mitad de la violencia y el caos se complica más, se hace difícil”.

Los enfrentamientos en Perú se dan días después de que civiles simpatizantes del expresidente brasilero Jair Bolsonaro se tomaran las sedes gubernamentales de Brasil. Sudamérica enfrenta una crisis en muchas de sus democracias. Las encuestas muestran niveles excepcionalmente bajos de confianza en las instituciones gubernamentales, los políticos y los medios de comunicación.

Cualquier persona pensaría que si el Ejecutivo de un país está sumido en una profunda y constante crisis, las finanzas también se verán perjudicadas. A pesar de esto, Perú es uno de los países con mejores datos macroeconómicos de América Latina y así se ha mantenido frente a la reciente crisis financiera mundial.  

El exministro de economía, Luis Miguel Castilla, dijo que se debe a lo siguiente:

1. Mantiene unos fundamentos macroeconómicos muy sólidos. Tiene los niveles de reserva más altos de la región, con respecto a su Producto (Interior Bruto) y los niveles de deuda pública más bajos con respecto al PIB.
2. Perú apuesta por la apertura comercial del sector externo. Esto incentivó el comercio nacional y una Constitución que ha facilitado que la inversión privada sea el motor del crecimiento.
3. De forma general, expertos señalan que la independencia del banco central, el modelo económico de libre inversión y distintas leyes constitucionales que blindan al país han permitido este resultado positivo. “El banco central es una entidad sumamente creíble, autónoma y que no ha escatimado esfuerzos en incrementar su tasa de interés”, dijo Castilla.

Con la colaboración de la periodista Sasha Muñoz Vergara